24 marzo 2010

Los jueces insisten en que las webs de enlaces no son delito.

Las actuaciones seguidas contra la página de enlaces a redes P2P indicedonkey fueron archivadas en marzo de 2008, sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid dejó sin efecto esa resolución al no haberse practicado la ratificación de una prueba pericial que tenía por objeto estudiar el funcionamiento de la página web. Tras la reciente práctica de esa prueba, y al quedar demostrado con ella que se trata de una página web de enlaces a archivos difundidos en redes p2p, el Juzgado de Instrucción ha decidido volver a archivar las actuaciones en un auto (susceptible de recurso) donde menciona la resolución Sharemula, haciendo así suyas sus argumentaciones. Como recordarán, esa resolución decidía el sobreseimiento libre y firme de las actuaciones seguidas contra los administradores de la web denunciada al considerar que una página de enlaces no realiza un acto de comunicación pública de obras intelectuales por ser el enlace un "mero dato fáctico". Estas páginas, por tanto, no realizan ninguno de los actos de explotación de derechos de propiedad intelectual reconocidos a sus titulares en la LPI, por lo que no pueden tampoco infringirlos.

Resulta paradójico que la que se ha bautizado como "Ley Sinde" sea una propuesta nacida con la declarada intención de cerrar por vía administrativa páginas de enlaces como las que en el día de hoy ha obtenido una resolución de archivo suscrita por un juez. Pese a que ayer se hiciera pública una carta de la Presidencia del Gobierno en la que se justificaba la creación de este órgano administrativo por la necesidad de cerrar páginas que vulneran derechos de propiedad intelectual, parece más que probable que las verdaderas razones se encuentren en resoluciones como las que ahora comentamos.

En el informe 301 del año pasado y del presente, elaborado por importantes multinacionales estadounidenses de la industria del entretenimiento, se reprochaba a España la existencia de la Circular 1/2006 de la Fiscalía General del Estado así como la resolución del caso Sharemula, a la que ponía como ejemplo de la "frustración" que sufría la industria "con el proceso judicial español". Con esta resolución en la mano, una más de tantas, nos preguntamos si la propuesta de que en el futuro no sean los jueces quienes decidan sobre estos asuntos es, simple y llanamente, la solución que desde España les ofrecemos a tanta frustración.

David Bravo y Javier de la Cueva, abogados de uno de los imputados en el caso Indicedonkey

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